Real Decreto-ley que prorrogaba contratos de alquiler

El Congreso no aprueba el Real Decreto-ley que prorrogaba los contratos de alquiler

Aunque era una noticia que se esperaba, la confirmación llegó hace unos días. Justo en el momento en el que el Pleno del Congreso de los Diputados no aprobó el Real Decreto-ley que prorrogaba los contratos de alquiler. La medida que afectará a miles de familias supone el incremento de los costes para muchas familias.

Para que sepas en qué te puedes ver afectado, en Agencia Mediterránea hemos redactado este post en el que abordamos los principales aspectos relacionados con este Real decreto-ley.

 

El Congreso no aprueba el Real Decreto-ley que prorrogaba los contratos de alquiler

El Congreso ha rechazado el Real Decreto-ley 8/2026 con el que el gobierno quería impedir el incremento de las cuotas de alquiler de muchas familias que, tras las medidas aprobadas en la pandemia, tienen que revisar este año sus contratos habitacionales.

Y es que al dejar sin vigencia esta medida se está impidiendo la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Pero no solo esto, pues en ese decreto-ley también se fijaba un tope del 2% en la actualización de las rentas de alquiler. Un gesto con el que se quería frenar la especulación que se ha estado registrando en los últimos años en el sector de la vivienda. 

Esta medida fue impulsada por el grupo político Sumar (presente en el gobierno actual) y ha sido derogada con los votos de los partidos de la oposición; esto es, por PP, Vox y Junts, lo que ha dejado sin efecto las prórrogas tras su breve vigencia.

 

¿Cuáles son las consecuencias de no haber aprobado el decreto ley de prórroga de contratos de alquiler?

La principal consecuencia de que se haya derogado el decreto ley es que los inquilinos no pueden solicitar nuevas prórrogas, permitiendo a los propietarios subir los nuevos precios de las cuotas tanto como se haya incrementado el IPC o bien siguiendo criterios relacionados con el precio del mercado. Todo ello genera una alta inseguridad jurídica entre quienes temen no poder hacer frente a las nuevas cifras que les exijan los arrendatarios.

 

¿Subirán los precios de los alquiler tras no aprobarse el nuevo Real Decreto-ley?

Posiblemente sí. Esto se debe a que al no estar obligados a prorrogar, muchos propietarios pueden optar por finalizar el contrato y actualizar la renta a los precios de mercado actuales, que suelen ser muy superiores a los que estaban abonando.

 

¿Qué ocurre con las cuotas prorrogadas durante el tiempo que estuvo vigente el Real Decreto-ley?

En general, las prórrogas de contratos y limitaciones del 2% aceptadas durante su vigencia (desde el 22 de marzo hasta el 28 de abril de este mismo año) se consideran válidas, aunque los contratos que venzan tras la derogación ya no podrán acogerse a esta medida.

Así pues, al menos en principio, si el inquilino solicitó la prórroga extraordinaria de dos años y el arrendador la aceptó mientras el decreto estaba en vigor dicha prórroga se considera válida y firme. Sin embargo, existe cierta controversia al respecto. Y es que existe mucha discrepancia entre los expertos acerca de estos denominados casos límite. En este sentido hay que destacar que algunos defienden que los derechos adquiridos permanecen, mientras que otros señalan el «caos» generado para aquellos contratos que no llegaron a formalizar la prórroga antes de la caída del decreto.

 

¿Por qué no se ha aprobado el Decreto-ley?

Los motivos clave que han generado el rechazo del pleno del congreso de los Diputados son los siguientes:

  • La oposición consideró que la medida era excesiva e ineficaz para acabar con el problema de la vivienda en España. Es decir, que la medida no era suficiente para frenar la escalada de precios y limitaba los derechos de los propietarios.
  • En el caso del Partido Nacionalista Vasco se votó en contra por considerar que la medida carecía  «de seguridad jurídica».
  • Cambios estructurales. La oposición criticó el uso de la forma del Real Decreto-ley para imponer cambios estructurales, lo que generó dudas sobre la validez a largo plazo de las prórrogas de dos años ya solicitadas.

 

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